lunes, 25 de agosto de 2014

HABLA EL CARDENAL SIRI - ARZOBISPO DE GÉNOVA - SOBRE LA SITUACIÓN EN LA IGLESIA

HABLA EL CARDENAL GIUSEPPE SIRI
(Impresionante la actualidad de lo escrito por el Cardenal Siri hace más de 40 años)
 

   Creo de suma importancia, para descifrar el enigma del actual pontífice, citar las valerosas declaraciones del Cardenal Siri. El no habla directamente de Paulo VI, pero creo que lo que dice se puede aplicar al Papa Montini: 

   l.- LA OPINIÓN SUSTITUYE A LA VERDAD
   La primera y fundamental doctrina del poder de este mundo es la afirmación: la verdad no existe. Ya decía San Agustín que la diferencia entre la ciudad del mundo y la ciudad de Dios se finca en que la primera tiene mil opiniones, y la segunda, una sola verdad. La diferencia capital entre las dos ciudades, no versa, por tanto, sobre el contenido, sino sobre la misma existencia de la verdad. Basta recordar el dramático diálogo entre Jesús y Pilatos.
   Lo más grave es que hay una técnica para sustituir la verdad por la opinión. Esa técnica existe y es socorridísima: basta dar una ojeada a la actual producción religiosa, literaria, filosófica. Se trata de expresar opiniones tan cautelosamente formuladas, que es imposible saber cuál es la tesis del autor; o mejor aún: se yuxtaponen unas a otras, como si fueran mutuamente compatibles, doctrinas que son entre sí contradictorias.
   Fijémonos en el slogan de la muerte de Dios. Si se dijese negación, todos comprenderían. Mas aquí nos encontramos frente a una operación sutilmente sofisticada, que quiere dar falazmente la impresión de salvar así la idea más aquilatada y químicamente pura de Dios... por su 'identificación' con la más profunda realidad del hombre.
   Los mismos términos equívocos de 'conservador' y 'progresista' esconden la técnica del relativismo, que conduce toda cuestión doctrinal a los esquemas de derecha e izquierda, con lo que todo se relativiza, todo se torna cuestión de opinión e instrumento de poder. La relativización de la verdad y de la doctrina es el verdadero objetivo de tales exposiciones arbitrarias de los actuales problemas de la Iglesia.
   ¿No es ese absurdo e injustísimo justo medio, que incluso obispos y cardenales preconizan entre nosotros, como si el ideal estuviera en plantarnos a medio camino, entre la verdad y el error?

   2.- ¿RESURGE LA 'GNOSIS'?
   Para cualificar los errores en curso se habla de un nuevo modernismo y también de la protestantización de la Iglesia. Pero el Arzobispo de Génova prefiere recurrir a la 'gnosis'.
   Recuérdese que la 'gnosis', con su atractivo de ciencia y alta especulación, con su afán de comprender el misterio y naturalizar la fe, constituye en el siglo II, el mayor peligro quizá de toda la historia de la Iglesia. Creo -nos viene a decir el Eminentísimo Arzobispo de Génova- que se puede legítimamente calificar de 'gnosis' ese conglomerado de errores, que hoy circulan por ahí, vistos en su sistematización. Mas... ¿son muchos los que saben lo que dicen? Esto es lo terrible: ¡que no saben lo que dicen!
   Se procede no por motivos racionales, sino por el prurito de conformarse al mundo. Pero el poder mundano tiene su propia filosofía; y los teólogos de moda traducen al lenguaje teológico las opiniones del día, no porque acepten una doctrina como tal, sino porque aceptan las doctrinas, que lisonjean a los poderes de este mundo.
   La gravedad del momento presente es ésta: que no se trata ya más de la oposición o contraste entre la verdad y el error, sino entre la verdad y la no verdad, entre el orden de la verdad y la dictadura de la opinión. Los hombres se creen libres por que así figura en los textos jurídicos, cuando esa misma engañosa creencia es prueba de su servidumbre.
   ¿Estará también la Iglesia bajo la dictadura de la opinión? La Iglesia, no; pero muchos que están en la Iglesia, sí. La Iglesia no podría ser violentada en su libertad, sin que el Espíritu Santo suscite poderosas reacciones...
   La polvareda levantada en torno al Concilio no fue querida por Juan XXIII, quien por ello sufrió profundamente; de esto soy testigo personal. La verdadera grandeza cristiana de Juan XXIII consistió en el modo sereno y cristiano con que, midiendo plenamente la imponente gravedad de los problemas, aceptó humildemente su cruz hasta la muerte.

   3.- LO MÁS URGENTE.
   La obra más urgente es restaurar en la Iglesia la distinción entre la verdad y el error. Hemos llegado a tal extremo que todo ejercicio de la autoridad eclesiástica se considera como abuso frente a la libertad. ¡Como si la autoridad fuese la negación de la libertad! Mil poderes ilegítimos coartan muy gravemente y muy sistemáticamente la conciencia y la libertad de las personas en el plano inmediato, mientras que en el plano más profundo las apartan de la verdad, expresada en las fuentes de la Revelación y en el Magisterio. "Yo espero que las justas y autorizadas distinciones llegarán. La pastoral no es el arte del compromiso y la cesión: es el arte de la salvación de las almas en la verdad".
   Esa verdad, que se oscurece tantas veces en las abusivas deformaciones de la liturgia. Hoy se descubren peligrosas pérdidas en lo esencial. Lo sagrado no es solamente el rito: es la presencia, en el rito, de la realidad significada. Cuando se mitiza el rito, se pierde el sentido de la sustancia que contiene. Nada, por consiguiente, de extraño que la Eucaristía se convierta para algunos en una simple fiesta de la unidad humana, en la cual Dios es nada más que un espectador. "Aquí estamos no ya en la herejía, sino en la apostasía".
   Es cierto. "La presente situación de la Iglesia es una de las más graves de la historia, porque, esta vez, la impugnación no le viene de la persecución de fuera, sino de la perversión interior. Esto es muy grave. Pero, las puertas del infierno no prevalecerán".

jueves, 21 de agosto de 2014

Exposing the Fluoride Deception

Exposing the Fluoride Deception

Anthony Hall — Canadian author and Professor of Globalization Studies at the University of Lethbridge, Alberta — on the Cold War origins of drinking water contamination.
 

Illustrations by Brad Harley


Calgary’s Mayor Naheed Nenshi recently dubbed fluoride “the new F-word.” Mayor Nenshi came to this conclusion in the course of the debate that led Calgary’s municipal government to remove fluoride from the city’s tap water in 2011. Calgary is one of 30 Canadian cities, including Windsor, Whitehorse, Thunder Bay, Churchill and Okotoks, to say no to the addition of the highly toxic chemical promoted as a deterrent to tooth decay.

This same pattern is reflected in the United States if on a more modest scale. The USA remains the world’s major bastion of fluoridated water. Honolulu and Portland are prominent among those US cities whose citizens have declined fluoride in their tap water. The fight to remove fluoride from the chemical mix that continues to be shoved down many of our throats by unseen overlords in the state is becoming part of the struggle to achieve a more wild and robust culture. All of us are, after all, mostly made up of water and it behooves us to try to make the aquatic flow running through us as pristine and unadulterated as possible.

There is a large and growing body of credible evidence that the health risks associated with fluoride in our drinking water fall disproportionately on certain groups. Among the most vulnerable are young children, pregnant women, the very old, as well as those already afflicted with kidney ailments, diabetes, and thyroid malfunctions. Fluoride contamination of our drinking water has also been shown to make bones more brittle over time.

Fluoride in our drinking water is not ethical and it is not safe.
Here in my hometown of Lethbridge Alberta some of the leading lights in Calgary’s successful anti-fluoride campaign have been visiting us with the hope that we will follow their lead. Fay Ash, a teacher and twenty-year veteran of anti-fluoride activism in Calgary, spearheaded the information initiative with her well-attended talk. One of those that Ms. Ash attracted to the anti-fluoride cause many years ago is Dr. James S. Beck. Dr. Beck is now Prof. Emeritus of Medical Biophysics at the University of Calgary. In 2010 Dr. Beck co-authored The Case Against Fluoride: How Hazardous Waste Ended Up in Our Drinking Water and the Bad Science and Powerful Politics Keeping It There.
 
Recently this senior medical research scholar shared a podium at the University of Lethbridge with Calgary Family Physician, Dr. Bob Dickson. During the height of the fluoride wars in Calgary Dr. Dickson told the CBC that it makes about as much sense to force-feed the public fluoride as an antidote to tooth decay as to force the public to ingest sunscreen as a way of preventing sunburn. He added that the addition of fluoride to our drinking water “is not ethical and it is not safe.”[1]



The Roots of the Fluoride Deception

How could the fluoride delusion have become so entrenched? One part of the answer is intertwined with the ascendance of the national security state after World War II as justified in the language of anti-communism. It privileged the rise of executive authority in the United States through the creation of powerful federal agencies like the CIA. A primary function of the CIA was to manipulate public opinion in order to clear aside obstacles for the retention of a permanent war economy in which fluoride became an essential ingredient in many key products including nuclear weapons.
In Canada the rise of the national security state empowered scientists like Dr. Ewen Cameron of the Allan Memorial Institute at McGill University to conduct horrific experiments in methods of mind control on unsuspecting human subjects. Naomi Klein began the narrative of her important book with a commentary on Dr. Cameron's work as the initiating episode of Disaster Capitalism.
 
Dr. Harold Hodge, one of the early promoters of the imagery of fluoride as a dental wonder drug, was cut from the same cloth as Dr. Cameron. The lead toxicologist in the Manhattan Project, Dr. Hodge led a now-notorious test involving the injection of plutonium into unknowing human subjects. The staff of the Manhattan Project designed and manufactured the first atomic weapons. In the early stages of the US nuclear program it was not the negative health effects of radiation but rather those of fluoride that set off medical and legal alarm bells in the national security apparatus. The extreme toxicity of fluoride was illustrated in 1943 and 1944 when some of the finest fruit orchards in New Jersey were decimated as a result of heavy fluoride gas emissions from a nearby factory engaged in producing atomic weapons. Joel Griffiths and Chris Bryson describe this episode in their article, “Fluoride, Teeth, and the Atomic Bomb.” [2] They write,

A severe pollution incident occurred downwind of the E.I. du Pont du Nemours Company chemical factory in Deepwater, New Jersey. The factory was then producing millions of pounds of fluoride for the Manhattan project, the ultra-secret U.S. military program racing to produce the world's first atomic bomb.

The farms downwind in Gloucester and Salem counties were famous for their high-quality produce – their peaches went directly to the Waldorf Astoria Hotel in New York. Their tomatoes were bought up by Campbell's Soup.

But in the summer of 1943, the farmers began to report that their crops were blighted, and that "something is burning up the peach crops around here."

Poultry died after an all-night thunderstorm, they reported. Farm workers who ate the produce they had picked sometimes vomited all night and into the next day. "I remember our horses looked sick and were too stiff to work," these reporters were told by Mildred Giordano, who was a teenager at the time. Some cows were so crippled they could not stand up, and grazed by crawling on their bellies.

 


After the end of the Second World War some of the New Jersey farmers responded to the ravaging of their farms and their own health by suing the federal government. These lawsuits had a huge impact on some top-ranking officials in the federal government, including Major General Leslie R. Groves, the legendary manager in the US Army Core of Engineers who oversaw the construction of the Pentagon and directed the Manhatten Projects. As Griffiths and Bryson write

In a subsequent secret Manhattan project memo, a broader solution to the public relations problem was suggested by chief fluoride toxicologist Harold C. Hodge. He wrote to the Medical Section chief, Col. Warren: "Would there be any use in making attempts to counteract the local fear of fluoride on the part of residents of Salem and Gloucester counties through lectures on Fluoride toxicology and perhaps the usefulness of Fluoride in tooth health?" Such lectures were indeed given, not only to New Jersey citizens but to the rest of the nation throughout the Cold War.

The need to prevent the development of any concerted public resistance to the building up by the US government of its nuclear arsenal after the Second World War was afforded top priority. This industrial activity was situated at the very pinnacle of the national security state’s oversight of the capitalist side in the Cold War. A trend was beginning that would see all laws, ethics and democratic principles rendered subordinate to the imperatives of so-called national security.
 
From his academic perch at the University of Rochester Dr. Harold Hodge took charge of the damage control in response to the New Jersey fluoride disaster. The main aim of his initiative, done in close collaboration with a lobby group known as the Fluorine Lawyers Association, was to curb the proliferation of law suits that might lead to a slowdown of the production of nuclear weapons and other key industrial enterprises dependent on fluoride.
 


The result was a perversion of the scientific method as well as a betrayal of the principles of public health.

As demonstrated in Christopher Bryson’s The Fluoride Deception, the transformation of the imagery of a dangerous pollutant into that of a benign medicine is one of the most telling episodes in the history of Cold War spin doctoring.[3] In 1950, with the advice of Harold Hodge, Madison Avenue’s chief “public relations” guru, Edward Bernays, was called in to complete the ruse. Bernays was the inventor of the term “Public Relations.” He proposed it as a replacement for the term “propaganda” after it had been given such a bad name when Adolf Hitler appointed Joseph Goebbels as Reich Minister of Propaganda in Nazi Germany. The legendary salesman of cigarettes to women in the 1920s and then of the fraudulent cover story to disguise the violent US overthrow in 1953-54 of the elected leadership of Guatemalan president Jacobo Arbenz, Bernays helped pioneer the deep integration of Madison Avenue into the engineering of public consent for the overt and covert activities of the military-industrial complex.

In the effort to persuade the public that fluoride diluted in water was actually benign, Bernays enlisted none other than Dr. Benjamin Spock, the most high-profile medical practitioner to the post-war baby boom and their parents. For a hefty fee Dr. Spock joined forces not only with the nuclear industry but also with the sugar lobby, aluminum makers, and fridgidation purveyors, all of which shared an interest in promoting the imagery of fluoride as a medicinal substance rather than a toxic contaminant.
 
This induction of Dr. Spock was just the beginning. In conditions of the Cold War the medical and dental establishment dutifully fell in line with the propaganda requirements of the military-industrial complex. The result was a perversion of the scientific method as well as a major betrayal of the most basic professional principles of public health. Unfortunately these travesties remain operative to this day. The Fluoride Deception does not meet any aspect of the criteria of informed consent for medical intervention. Citizens are denied the basic human right to decide what they will or will not ingest. They are denied the basic human right to uncontaminated water, a necessary ingredient for all healthy life.



 

Putting an End to the Fluoride Deception

Many of the most economically-successful parts of the world have avoided the fluoride deception. The citizens of British Columbia, Quebec, and western Europe, for instance, are almost completely fluoride free. There is no evidence to suggest those regions are more prone to tooth decay as a result. On the other hand a recent neurotoxicity study done at Harvard University and sponsored by the US National Research Council found that “children in high-fluoride areas had significantly lower IQ scores than those who lived in low-fluoride areas.” In other words, the addition of fluoride to our drinking water is making our children less intelligent than they would otherwise be.[4]
 
It is high time we moved fluoride from the category of a medicine back to the category of a highly toxic industrial chemical, which is what it is. It is high time that Canada’s biggest city, Toronto, become the site of a full-scale reckoning with the serious public health deficits connected to the Fluoride Deception.  Let’s turn the page on this harmful legacy derived from the machinations of the darkest era in the Cold War.
 



Anthony Hall is professor of Globalization Studies at the University of Lethbridge in Alberta, Canada and a member of the 9/11 Truth Movement. He is the author of several books, including Earth into Property, a description of the effects of capitalism upon indigineous peoples.




Brad Harley is an artist, theatre designer and artistic director of Shadowland Theatre. He has worked extensively as a theatre designer with VideoCabaret, Peter Minshall's Callaloo productions in Trinidad, Horse and Bambo (UK), and Bread and Puppet Theater (US).



ENDNOTES


[1] http://www.cbc.ca/news/health/story/2011/01/25/f-fluoride-transcript-dic...


[2] Joel Griffiths and Chris Bryson, Fluoride, Teeth, and the Atomic Bomb,” Waste Not, September, 1997 at http://www.fluoridealert.org/articles/wastenot414/

[3] Christopher Bryson, The Fluoride Deception (New York: Seven Stories Press, 2004)



[4] Anna L. Choi et. al., “Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systemic Review and Meta-Analysis,” published online 20 July, 2012 at
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3491930/
 


Suggested Reading


PAPER: “Associations Between Fluorosis of Permanent Incisors and Fluoride Intake From Infant Formula, Other Dietary Sources and Dentifrice During Early Childhood”, by Steven M. Levy, Barbara Broffitt, Teresa A. Marshall, Julie M. Eichenberger-Gilmore, and John J. Warren. http://jada.ada.org/content/141/10/1190.abstract

PAPER: “Fluoride: risks and benefits? Disinformation in the service of big industry”, by David R. Hill
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~hill/papers/risks-and-benefits.pdfhttp://pages.cpsc.ucalgary.ca/~hill/papers/risks-and-benefits.pdf

PAPER: “Impact of Drinking Fluoride Content in Water”, by Dr Khaled AbuZeid and Eng Lama El Hatow
http://water.cedare.int/cedare.int/files15%5CFile2859.pdf

WEBSITE: Citizens advocacy: “No Fluoride” http://www.nofluoride.com/
ARTICLE: Adding Fluoride to Portland Drinking Water? Really?

The Case Against Fluoride



The Case Against Fluoride
By Paul Connett on November 10, 2010.



 [The following is an excerpt from The Case Against Fluoride: How Hazardous Waste Ended Up in Our Drinking Water and the Bad Science and Powerful Politics That Keep It There by Paul Connett, James Beck, Spedding Micklem, courtesy of Chelsea Green Publishing]

At a public meeting held on October 17, 2009, in Yellow Springs, Ohio, a community that was considering halting its fluoridation program, Paul Connett gave a twenty-minute presentation on the scientific arguments against the practice. After a county health commissioner and local dentist responded, a woman in the audience said, “Whether this practice is safe or not, or beneficial or not, I want freedom of choice. It is my right to choose what substances I put into my body, not some governmental agency’s.”

This woman echoed what many opponents of fluoridation have believed and articulated for over sixty years: Government has no right to force anyone to take a medicine. Thus, while in the effort to end this practice worldwide it is helpful to provide scientific evidence that the program is neither effective nor safe, this commonsense position remains the crux of the argument against fluoridation.

The Need for Informed Consent

Every doctor knows, or should know, that he or she cannot force an individual to take medicine without that patient’s informed consent. Doctors must tell their patients the benefits of any medicine prescribed and warn of any possible side effects. After they have done this, it is the patient—and only the patient—who should make the final decision as to whether to take the medicine.

This is what the American Medical Association (AMA) has to say about informed consent:
Informed consent is more than simply getting a patient to sign a written consent form. It is a process of communication between a patient and physician that results in the patient’s authorization or agreement to undergo a specific medical intervention.

In the communications process, you, as the physician providing or performing the treatment and/or procedure (not a delegated representative), should disclose and discuss with your patient:
  • the patient’s diagnosis, if known;
  • the nature and purpose of a proposed treatment or procedure;
  • the risks and benefits of a proposed treatment or procedure;
  • alternatives (regardless of their cost or the extent to which the treatment options are covered by health insurance);
  • the risks and benefits of the alternative treatment or proce­dure; and
  • the risks and benefits of not receiving or undergoing a treatment or procedure.
In turn, your patient should have an opportunity to ask ques­tions to elicit a better understanding of the treatment or proce­dure, so that he or she can make an informed decision to proceed or to refuse a particular course of medical intervention.

This communications process, or a variation thereof, is both an ethical obli­gation and a legal requirement spelled out in statutes and case law in all fifty states of the United States.

By violating the individual patient’s right to informed consent, fluoridation allows decision makers, without medical qualifications, to do to the whole community what an individual doctor is not allowed to do to his or her indi­vidual patients.

Counterargument 1: It Is Unethical Not to Fluoridate

Proponents respond to this ethical argument by turning it upside down. They argue that it is unethical to deprive children of a benefit that might reduce pain and help them lead healthier lives, especially children from low-income families.

However, by not putting fluoride in the water, you are not depriving anyone of access to fluoride: It is available in tablet form and in fluoridated toothpaste. (For a discussion about topical versus systemic benefits, see chapters 2 and 6.)

From an economic perspective, avoiding fluoride in water is an expensive business, whether it involves purchasing bottled water for cooking and drink­ing or the use of distillation equipment or reverse osmosis systems. Thus, low-income families are disproportionately burdened by fluoridation since by and large they cannot afford avoidance measures.

In the United States, dental decay is concentrated in poor and minority families. Fifty-five years after fluoridation began, the U.S. surgeon general stated in his 2000 report, Oral Health in America: “There are profound and consequential disparities in the oral health of our citizens. Indeed, what amounts to a ‘silent epidemic’ of dental and oral diseases is affecting some population groups. Those who suffer the worst oral health are found among the poor of all ages, with poor children and poor older Americans particularly vulnerable. Members of racial and ethnic minority groups also experience a disproportionate level of oral health problems.”

The motivation for targeting poor children for extra help is highly laudable, but adding fluoride to the drinking water to do so is misguided. In fact, it makes an inequitable situation even worse. This is because in Western coun­tries the children most likely to suffer from poor nutrition come from low-income families, and we will see in chapter 13 that people with inadequate diets are those most vulnerable to fluoride’s toxic effects. In our view, children from low-income families are the very last children who should be exposed to ingested fluoride.

Counterargument 2: No One Is “Forced” to Drink the Water

Proponents of fluoridation further counter the notion that fluoridation in the public water system violates the individual’s right to informed consent to medication by arguing that fluoridated water is only delivered to the tap and no one is actually forced to drink it.

This argument certainly does not apply to low-income families. Their economic circumstances do force them to drink the water coming out of the tap. Thus, a program that is billed as equitable is actually inequitable, since families of low income are trapped by a practice that may cause them harm (see chapters 11, 13–19).

Moreover, even for families with the means to buy bottled water for drinking and cooking, or equipment to remove the fluoride at the tap, it is very difficult to avoid fluoride once it has been put in the community’s water supply. It will be in every glass of water and cup of coffee or tea consumed in town—at work and in friends’ homes. It will also be in the water that is used to water the garden and in the shower and bath water.

Counterargument 3: Fluoride Is a Nutrient, Not a Drug

Proponents have tried to muddy the waters in the argument of violation of informed consent and unacceptability of “mass medication” by insisting that fluoride is not a medicine or drug, but a nutrient. We examine the evidence for their claims.

Is Fluoride an Essential Nutrient?

There is little or no evidence that fluoride is an essential nutrient. To demon­strate that a substance is an essential nutrient one has to demonstrate that some disease results from depriving an animal or a human of this substance. This has never been done for fluoride (see chapter 12).

In a 1998 letter by Bruce Alberts, president of the National Academy of Sciences, and Kenneth Shine, president of the Institute of Medicine, to Professor Albert Burgstahler, editor of the journal Fluoride and several other scientists, in response to their complaint to the National Academy about the Institute of Medicine’s inclusion of fluoride in the list of nutrients in its report Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride, the following quote appeared:

First, let us reassure you with regard to one concern. Nowhere in the report is it stated that fluoride is an essential nutrient. If any speaker or panel member at the September 23rd workshop referred to fluoride as such, they misspoke. As was stated in Recommended Dietary Allowances 10th Edition, which we published in 1989: “These contradictory results do not justify a classification of fluoride as an essential element, according to accepted stan­dards. Nonetheless, because of its valuable effects on dental health, fluoride is a beneficial element for humans.”

What Alberts and Shine do not discuss here is whether the supposed bene­fits of this “beneficial element” are obtained from some internal biological process or via some nonbiological interaction of the fluoride with the surface of the tooth enamel. This is a crucial difference when considering water fluo­ridation, since the former would necessitate swallowing fluoride and the latter would not (see chapter 2).

While there is no solid scientific evidence supporting the notion that fluo­ride is a nutrient, strenuous attempts have been made by a number of propo­nents throughout the history of fluoridation to try to establish this notion in the public mind. In chapter 26 we examine these efforts, in particular the effort by Harvard researcher Dr. Frederick Stare and the aid given to him by the sugar and food lobbies.

Is Fluoride a Drug?
In a letter sent in December 2000 to Congressman Kenneth Calvert, chair­man of the Subcommittee on Energy and the Environment, of the Committee on Science, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated, “Fluoride, when used in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in man or animal, is a drug that is subject to Food and Drug Administration regulation.” The National Association of Pharmacy Regulatory Authorities in Canada lists “sodium fluoride” and “fluoride and its salts” as drugs.

According to Cheng et al. in an article appearing in the British Medical Journal, “The legal definition of a medicinal product in the European Union (Codified Pharmaceutical Directive 2004/27/EC, Article 1.2) is any substance or combination of substances ‘presented as having properties for treating or preventing disease in human beings."

Both the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the American Dental Association (ADA), the main proponents of fluoridation in the United States, describe dental caries (tooth decay) as a “chronic infec­tious disease” and recommend fluoride to prevent the disease.

If fluoride is a drug or medicinal product, fluoridation is medication deliv­ered on a massive scale.

An Unapproved Drug

In a June 3, 1993, letter to FDA commissioner Dr. David Kessler, former New Jersey assemblyman John V. Kelly wrote, “The Food and Drug Administration Office of Prescription Drug Compliance has confirmed, to my surprise, that there are no studies to demonstrate either the safety or effectiveness of these drugs [fluorides], which FDA classified as unapproved new drugs.”
 
It goes without saying that it would be highly questionable to deliver any drug via the public water system—let alone fluoride, which the FDA calls an unapproved drug. The designation “unapproved drug” means that it has not gone through rigorous trials to establish either its effectiveness or its safety. This designation also puts into question the ethics and legality of school nurses and teachers administering fluoride pills and/or rinses to students in U.S. schools located in non-fluoridated areas.

Other Arguments

Violating the modern medical ethic of informed consent is not the only feature of fluoridation that makes it a poor medical practice. In a recent videotaped interview, Earl Baldwin, a member of the British House of Lords and one of the advisory board members for the York Review, the UK-sponsored review of fluoridation, explained why he thought fluoridation was a bad idea: “What physician do you know, who in his or her right mind, would treat someone he does not know and has never met, with a substance that’s meant to do change in their bodies, with the advice: ‘Take as much, or as little, as you like, but take it for a lifetime because it may help someone’s teeth’?”

Independent observers have been saying similar things since the inception of fluoridation, but these arguments have fallen largely on deaf ears. This is not because the reasoning lacks merit, but because those who promote fluori­dation have the power to ignore both common sense and scientific argument. We examine the strategies and tactics used in the promotion of fluoridation in chapter 23. In the following sections we examine some of the commonsense arguments of opponents such as Earl Baldwin in more detail.

No Control over Who Gets the Medicine

For those who promote fluoridation, one of its attractions is that it deliv­ers fluoride to everyone indiscriminately. But for opponents this is one of its greatest weaknesses. When fluoride is added to the water supply, it goes to everyone, including those most vulnerable to fluoride’s known toxic effects. These include above-average water consumers; the very young; the very old; those with diabetes; those with low thyroid function or kidney disorder; and those with an inadequate diet, including those suffering from outright or borderline iodine deficiency (see chapter 16). Also, as we indicated above, it goes to families of low income who cannot afford avoidance measures.

No Control of Dose

A critical problem with delivering a medicine via the water supply is that there is no control over the dose. Dr. Arvid Carlsson discussed this issue in a letter he wrote in February 2009:

Fluoridation is an obsolete practice. It goes against all principles of modern pharmacology. The use of the public drinking water supply to administer the same dose of fluoride to everyone, from the infant to those who consume copious amounts of water (such as diabetics), goes against all principles of science because individ­uals respond very differently to one and the same dose and there are huge variations in the consumption of this drug.

Concentration versus Dose (from water and other sources)

Proponents of fluoridation stress how well engineers can control and moni­tor the concentration of the fluoridating agent added to the water supply. However, controlling concentration, measured in the case of fluoride in milli­grams per liter (mg/liter), is not the same as controlling dose, which is measured in milligrams consumed per day (mg/day).

If someone drinks 1 liter of water containing fluoride at 1 mg/liter (i.e., 1 ppm, which is the concentration at which it is administered), they will ingest 1 mg of fluoride. If they drink 2 liters, they will receive 2 mg of fluoride, and so on. The dose gets larger the more water is drunk; and the larger the dose, the more likely it will cause harm. This is particularly serious for a substance like fluoride, which is known to be highly toxic at moderate to high doses, which accumulates in the bone, and for which there is little, if any, margin of safety to protect the most vulnerable against known health risks (see chapter 20).

We also receive fluoride from sources other than the water supply, and this amount varies from individual to individual. Thus, it is the total dose from all sources we should be concerned about.
To determine potential harm, we also have to take into account the body weight of the consumer. We discuss the difference between dose and dosage below.

Dose versus Dosage

The dose of aspirin or any other drug considered safe for a grown-up is not a safe dose for a baby. Similarly, a safe dose of fluoride for an adult cannot be considered safe for a baby. Thus it is alarming when one discovers that, over the course of the day, bottle-fed babies can receive nearly as much fluoride as an adult who drinks 1 liter of fluoridated water. According to the U.S. Environmental Protection Agency in a 2008 article on why children may be especially sensitive to pesticides, “In relation to their body weight, infants and children eat and drink more than adults.”14 The way toxicologists determine the safe dose for different ages is to adjust for the average body weight of the age range in question.

According to the EPA’s 1986 calculation of a safe drinking water standard, a safe daily dose of fluoride for a 70-kg (154-lb) adult is supposed to be 8 mg per day.15 In chapter 20, we challenge the faulty reasoning that led to this high figure. But in the meantime, if we adjust this figure of 8 mg per day for body weight, that would mean that only 0.8 mg per day would be safe for a 7-kg (15-lb) infant (i.e., a ten times lower dose because the baby’s body weight is ten times lower). Even that dose may be too high for a baby, however, because a baby’s developing tissues, particularly the brain, are much more vulnerable to toxic agents than an adult’s. An infant is not simply a miniature adult.

Dose divided by a person’s body weight is called dosage and is measured in milligrams per kilogram of body weight per day (mg/kg/day). The safe dose for an adult divided by an adult’s body weight (assumed to be 70 kg) is called the reference dose, or RfD. Strictly speaking, we should call this a reference dosage, but people seldom do. Note the different units here. If we are talking about dose, we are speaking about mg/day, but if we are talking about a refer­ence dose, or dosage, we are speaking about mg/kg/day. This is a big difference.

Now let’s look at a real-life example of using a reference dose. The EPA lists IRIS reference doses for a number of toxic substances. IRIS stands for Integrated Risk Information System; it is used for health-risk assessments. The EPA’s RfD for fluoride listed in IRIS is 0.06 mg/kg/day.

It is worrying to see that this IRIS RfD is easily exceeded by a baby consuming formula made with fluoridated water. For example, a 10-kg infant drinking each day 1 liter of water containing fluoride at 1 ppm will get a dosage of 0.10 mg/kg/day (1 mg/day divided by 10 kg). That is almost twice the IRIS RfD.

It was after the 2006 U.S. National Research Council report made it clear that bottle-fed babies were exceeding the IRIS RfD that the ADA finally recommended to its membership, in November 2006, that they advise their patients not to use fluoridated water to make baby formula. The CDC followed suit, but neither has made much of an effort to get this information to parents.

Different Responses to Same Dose

It is well known that there is a very wide range of sensitivity across the human population to any drug or toxic substance. Some people will be very resistant, while others will be very vulnerable or sensitive to the same substance. Most of us will have an average tolerance; however, we can anticipate that the most sensitive will be at least ten times more vulnerable than the average responder. Those who promote fluoridation gloss over the insufficient margin of safety to protect all citizens, especially the most sensitive, from the known adverse health effects of fluoride (see chapters 13 and 20).

Warnings, Help, and Compensation

One thing that is generally accepted about water fluoridation is that where it is implemented, the rates of dental fluorosis (mottling and discoloration of the enamel; see chapter 11) in children will rise. Very little warning is being given about this, especially to low-income families who bottle-feed their babies with formula made with fluoridated tap water. Nor is any financial help being provided to those families whose children are so affected. It can cost up to $1,000 to treat a fluorosed tooth with veneers—more when the veneers have to be replaced in subsequent years.

According to the CDC, 32 percent of American children are affected by dental fluorosis. While most of those children have the very mild condition, those with the mild, moderate, or severe condition make up about 10 percent of the total, and many of those may need treatment (see chapter 11). Ten percent being affected would mean some 32,000 children in a city of one million needing cosmetic treatment that few families can afford. Public and media concern is growing on this issue; for example, see the transcript of a TV news clip from CBS in Atlanta, Georgia, broadcast in March 2010.

Mandatory Fluoridation

The imposition of fluoridation on individuals without their informed consent becomes even more egregious when legislation is introduced to mandate the practice for whole states, provinces, or countries. While we do not consider that a local referendum is ethically satisfactory, since the medicine we take should not be determined by our neighbors, such a process may allow discus­sion, deliberation, and the opportunity for people to express their concerns—at least at the local level. When the practice of adding fluoride to the public water system becomes mandatory at the state, provincial, or even national level, the vast majority of the population has little idea of what is going on, either during the passage of the legislation or subsequently, when the measure is enforced. Informed citizens are usually dispersed in large jurisdictions and have few resources to match the lobbying power of either the national dental associa­tions or governmental health bodies hell-bent on introducing this measure. Those who hold the ethical requirement of informed consent to be the final argument on this matter will continue to battle at the national and interna­tional levels to insist on this principle being recognized. But in practice, in today’s world, local democracy—when it is allowed to operate—probably offers citizens a greater chance of protecting themselves against forced fluoridation.

A number of legislatures have introduced mandatory fluoridation legisla­tion in various states within countries and sometimes for the whole country. These include the states of Victoria and Queensland in Australia; the states of California, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Ohio, and Tennessee (as well as Washington, D.C.) in the United States; and the countries of Singapore and the Republic of Ireland. As we write, efforts to introduce mandatory fluoridation are under way in the U.S. states of New Jersey, Oregon, and Pennsylvania.

Mandatory fluoridation measures violate the principle of the crucial role of community participation in health measures outlined in the Ottawa Charter for Health Promotion. Mandatory fluoridation also violates the Council of Europe’s Convention on Human Rights and Biomedicine, whose article 5 states, “An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences and risks. The person concerned may freely withdraw at any time.”

No local, state, or federal government—no matter how well intentioned—has the right to force anyone to take a medicine for a disease that is neither contagious (in a communal sense) nor life threatening.

Summary

Fluoridation—the deliberate addition of fluoride to the public water supply—is a poor medical practice because it violates the principle of informed consent to medication. It is indiscriminate and offers no control over the dose received by an individual. It makes inadequate allowance for differing sensitivity to toxic effects, or for the size and body mass of recipients; this last point is particularly important for young children who may receive proportionately much higher dosages than adults at a time when their bodies are far more vulnerable to toxic agents. Fluoride used in the fluoridation of drinking water is considered to be a drug, not a nutrient. It is chronically toxic at moderate doses. As a drug, it has not been rigorously tested and has not been approved by the U.S. FDA. Fluoridation increases the chances that a child will develop fluorosis of the permanent teeth, which can be disfiguring and require expen­sive cosmetic treatment in a minority of cases. The notion that fluoridation is equitable is misplaced for two reasons: Children from low-income families are more likely to have poor nutrition, making them more vulnerable to fluo­ride’s toxic effects; and low-income families are least able to afford avoidance measures.